SOLICITAN AL SENADO DE ESTADOS UNIDOS INVESTIGAR REDES DE PRESTANOMBRES DE FUNCIONARIOS MEXICANOS

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.- Con el fin de desmantelar las redes que políticos mexicanos corruptos usan para lavar dinero e invertir sus bienes de procedencia ilícita en Estados Unidos, Anthony M. Perrone, líder del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) solicitó al Senado de los Estados Unidos que el Comité Judicial de dicha Cámara realice una investigación para determinar cómo es que el Departamento de Justicia procesa casos que involucren alegatos de corrupción de funcionarios en México.

“Hemos descubierto que la red presuntamente involucrada en el lavado de dinero obtenido por Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz recientemente extraditado de Guatemala a México, aún está vendiendo bienes en Florida que están sujetos a investigación en México”, afirmó el sindicalista en una carta enviada al senador Charles E. Grassley, Presidente del Comité Judicial del Senado. En la carta también se establece que “En este momento, no parece que los políticos corruptos o sus redes vean a Estados Unidos como un lugar muy riesgoso para dejar una parte de sus bienes”.

Además, Perrone menciona en la carta que: “No ha escapado a nuestra atención el que las dinámicas políticas en México obstaculizan una cooperación completa entre México y Estados Unidos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) actualmente controla la maquinaria federal de proceso judicial en contra de funcionarios estatales corruptos, sin embargo, todos los gobernadores actualmente bajo proceso fueron elegidos como miembros del PRI”.

Copias de la carta, tanto en inglés como en español, se pueden encontrar en http://chedrauileaks.org/prestanombres  En esta plataforma también están disponibles diversos documentos que demuestran cómo propiedades de la presunta red de prestanombres de Javier Duarte han sido vendidas en Florida.

Chedrauileaks.org es un proyecto de UFCW que, entre otras cosas, reporta información sobre los negocios y las propiedades en Estados Unidos de las élites políticas y empresariales mexicanas. Chedrauileaks no manifiesta que algún miembro de la familia Chedraui, o alguno de sus negocios, tenga alguna relación con las redes anteriormente referidas.

A continuación, se transcribe de manera íntegra la carta que mandó el representante sindical al Senado.

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Le escribo para pedir que el Comité Judicial del Senado investigue el asunto de cómo el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos procesa casos que involucran acusaciones de corrupción de funcionarios electos de alto nivel de México. Varios gobernadores de estados mexicanos son sujetos de investigación y proceso judicial tanto en México como en Estados Unidos por soborno, lavado de dinero y otros delitos.

Es claro que, históricamente, funcionarios mexicanos corruptos han trasladado parte de sus riquezas malhabidas a Estados Unidos, un país que ellos perciben como un refugio seguro. Las “inversiones” suman decenas de millones de dólares.

Mi personal ha estado investigando un número de estos casos y nosotros creemos que hay una cuestión de política pública que ha sido descuidada por el Departamento de Justicia.

Este asunto implica, en nuestro punto de vista, el no procesar a fondo a los llamados “prestanombres”, redes que políticos mexicanos corruptos usan para lavar e invertir sus bienes de procedencia ilícita en Estados Unidos. Estas son redes de personas confiables para los funcionarios corruptos, quienes luego establecen empresas en Estados Unidos y blanquean los bienes de procedencia ilícita de los funcionarios.

Si bien es cierto que algunas Fiscalías de Estados Unidos han decomisado bienes y han obtenido declaraciones de culpabilidad de parte de algunas personas en las redes, a cambio del testimonio en contra de funcionarios corruptos, nosotros creemos que una revisión de estos casos revelará que los riesgos legales para las redes de “prestanombres” no son lo suficientemente significativos como para disuadir a otros a que no cometan delitos en el futuro.

Nosotros apoyamos el enjuiciamiento de políticos corruptos de alto perfil. Sin embargo, es del interés público de Estados Unidos y de México que los miembros de las redes de lavado de dinero de los políticos sean fuertemente sancionados por sus actividades ilegales. En este momento, no parece que los políticos corruptos o sus redes vean a Estados Unidos como un lugar muy riesgoso para dejar una parte de sus bienes. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto que la red presuntamente involucrada en el lavado de dinero obtenido por Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz recientemente extraditado de Guatemala a México, aún está vendiendo bienes en Florida que están sujetos a investigación en México. O bien nuestros acuerdos de cooperación con México son inefectivos o nuestras leyes son insuficientes para prevenir esto. En cualquiera de los casos, nosotros creemos que este es un tema que amerita una investigación por parte del Comité Judicial del Senado para determinar si hay una solución legislativa a este problema.

No ha escapado a nuestra atención el que las dinámicas políticas en México obstaculizan una cooperación completa entre México y Estados Unidos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) actualmente controla la maquinaria federal de proceso judicial en contra de funcionarios estatales corruptos, sin embargo, todos los gobernadores actualmente bajo proceso fueron elegidos como miembros del PRI. Posibles conflictos de interés de este tipo en México afectan negativamente la capacidad de autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para aplicar en su totalidad todas las vías judiciales disponibles al momento de examinar las redes de “prestanombres”. La preocupación mayor que tenemos es si las autoridades mexicanas están cabalmente compartiendo evidencia con sus contrapartes en Estados Unidos.

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